Autor: elmundodelabogado

Alfredo Bazúa Witte

El reto inmediato más importante será alcanzar este año la reforma política que le permita contar con su Constitución y redefinir evolutivamente las competencias federales abriendo la toma de decisiones y su ejecución a las autoridades de la ciudad.

El segundo reto inmediato es la aplicación de la reforma constitucional federal de 2011 en materia de derechos humanos, pues la introducción del control de convencionalidad y del principio pro persona han creado nuevos paradigmas en la interpretación y la integración de las normas jurídicas.

Otro de los retos será conciliar y aplicar correctamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, un desafío que supone conocimiento, técnica, voluntad política y, sobre todo, prudencia.

Por último, el reto inmediato más importante es mantener a la ciudad como capital del conocimiento y la investigación jurídicos. Por eso las instituciones de enseñanza del Derecho deben revisar y evolucionar en sus planes de estudio, dejando atrás al aplicador legal por subsunción y elevándolo a la calidad del jurista que argumenta.

Alfredo Trujillo Betanzos

Como auxiliar de comercio, considero que el reto más importante del gobierno del Distrito Federal será entender que los comerciantes no son enemigos ni solicitantes de dádivas. Lo que ellos necesitan es una legislación y trámites burocráticos mucho más sencillos y transparentes con el fin de poder generar la riqueza que esta ciudad requiere y, al mismo tiempo, promover el comercio formal.

En el ámbito de la valuación, es muy importante que la regulación y la aplicación del SIGAPRED y el SINOVA tomen en cuenta la opinión de los colegios de valuadores, pues son los especialistas en la materia y las normas jurídicas deben ir de la mano de ellos.

Diego Valadés

Uno de los muchos problemas del Distrito Federal es el de la gobernabilidad. La fragmentación del poder en la ciudad ha afectado la seguridad, la calidad y la regularidad de los servicios, así como la urbanización y la atención de las vías de circulación. La ciudad está descuidada, la pobreza ha crecido y la corrupción se ha multiplicado. Esta situación no se solucionará con paliativos ni confundiendo democracia con demagogia. La ciudad necesita un régimen jurídico-político que propicie la gobernabilidad democrática.

Sergio Huacuja

Desde mi punto de vista, los principales problemas jurídicos del Distrito Federal son: 1) su estatuto político-constitucional, es decir, hay que dotar al Distrito Federal de todas las prerrogativas de una entidad federativa; 2) la iniciativas referidas a la integración de la representación política en el Distrito Federal; 3) las iniciativas relativas al régimen municipal de las delegaciones políticas; 4) las iniciativas referidas al fenómeno metropolitano, es decir, establecer la figura de zonas metropolitanas dentro de los límites territoriales de dos o más estados o de un mismo estado; 5) la coordinación de normas y programas de desarrollo urbano general y delegacionales; 6) la tenencia de la tierra y la vivienda; 7) la gestión de la basura y de los residuos peligrosos, la contaminación visual y la contaminación auditiva; 8) la falta de correspondencia del régimen de las responsabilidades administrativas entre el ámbito federal y el Distrito Federal; 9) el desorden y la falta de coordinación (central y delegacional) en la regulación de las actividades y el comercio en la vía pública.

Hay que considerar que muchos otros temas (desarrollo social, crecimiento. economía y negocios, zonas de desarrollo planteadas en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, ecología, temas transversales de género y derechos humanos, seguridad pública, grupos en condiciones de vulnerabilidad, movilidad urbana y transporte, etcétera) rebasan el puro enfoque jurídico y tendrían que abordarse de manera multidisciplinaria.

Jorge Alberto Lara Rivera

El reto más importante y urgente para la Ciudad de México es la implementación exitosa del sistema penal acusatorio. Las autoridades y los legisladores están obligados a recuperar el tiempo que ha transcurrido desde 2008 para generar el mejor modelo posible para que la justicia en la metrópoli sea un ejemplo a seguir. La erradicación de la corrupción y la creación de una nueva policía de investigación son presupuestos indispensables para que el nuevo sistema no sea un espejismo.

Uno de los componentes fundamentales deberá ser el desarrollo de un esquema más amplio y profundo de participación ciudadana que permita una supervisión social de todos y cada uno de los casos. El modelo de participación ciudadana tipo observatorio de agregados estadísticos debe desaparecer para dar lugar a uno que implique visores ciudadanos en la totalidad de los procesos.

Ambrosio Michel

México vive una época de transformación en sus instituciones. Y el próximo año entrará en vigor el procedimiento penal acusatorio en el Distrito Federal, incorporando el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que será aplicado de forma gradual, a partir del 16 de enero de 2015, para los procedimientos penales para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente; mientras que para los demás delitos entrará en vigor a partir del 16 de junio de 2016.

Si tenemos en cuenta que el artículo 246 del Código Penal del Distrito Federal (reformado el 23 de agosto de 2013) establece que gran parte de los delitos patrimoniales, como el fraude, el abuso de confianza y hasta algunos casos de robo, se persiguen a petición de la parte ofendida, tendremos que las autoridades de la Ciudad de México deberán hacer un gran esfuerzo por crear la infraestructura necesaria (salas de juicios orales) y capacitar a los servidores públicos (jueces y ministerios públicos) para combatir la impunidad con este nuevo sistema de justicia, puesto que delito que no se persigue es un delito que se repite.

Francisco Guerrero Aguirre

Desde 1997, la Ciudad de México se ha transformado en la punta de lanza de la democratización del país. Sin embargo, su régimen jurídico se mantiene intocado, negando a los habitantes de la capital la posibilidad de contar con una Constitución Política local que garantice autonomía en su régimen de gobierno.

El reto es procesar una reforma que permita un ejercicio ciudadano transversal que se refleje en mejores condiciones para las libertades democráticas y atribuciones claras para los titulares del gobierno y de los órganos colegiados de las demarcaciones territoriales.

Construir un nuevo orden legal para la Ciudad de México requiere del concurso de todos los partidos políticos en el Congreso federal. La apertura del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso abre una ventana de oportunidad para dotar a la ciudad de mayor certidumbre legal y política.

Juan I. Zavala Gutiérrez

El reto principal del Distrito Federal es alcanzar su mayoría de edad constitucional. A pesar de ser una ciudad progresista en términos de derechos, se mantiene como una entidad con poca autonomía, estancada en su vida política y jurídica. Convertirse en un estado de la República no debe ser reclamado ni promovido como el capricho de un menor de edad, sino como una necesidad para enfrentar, con todas las facultades y atribuciones de otras entidades federativas, las condiciones —adversas— por las que atraviesa la ciudad de México. Sólo así podremos comenzar a exigir responsabilidad plena a los gobernantes de nuestra ciudad.

José Juan Janeiro

Vislumbro dos desafíos jurídicos importantes a solventarse en el mediano plazo: en principio, es importante repensar la Constitución como modelo de pacto social en el que se contemplen, entre otros aspectos, la salvaguarda de derechos humanos, los procesos de reformas a la propia Constitución, la estructura política del Estado considerando la delimitación de los poderes que lo integran, y, en suma, todas aquellas cuestiones fundamentales y fundacionales que definan a nuestra nación, todo ello en virtud del abuso que se ha hecho de las reformas a la Constitución utilizando su jerarquía para incluir elementos normativos que en cualquier sistema democrático deberían estar relegados al nivel de la legislación ordinaria. En segundo lugar, me parece indispensable que se salve la distancia que existe entre la fértil actividad legislativa y la aplicación práctica de tan vasto catalogo normativo; más leyes no significan nada si no se aplican en forma adecuada para beneficio de los gobernados. Si esta brecha no se salva, los réditos políticos serán etéreos.